La aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de una reforma clave en la Carta Orgánica del Banco Ciudad marca un punto de inflexión en la política de financiamiento habitacional de la capital argentina. Desde ahora, al menos el 25% del remanente de utilidades del banco deberá destinarse, de manera obligatoria, a créditos para la adquisición de vivienda. Se trata de un giro significativo en la asignación de fondos de la entidad pública, cuyo principal propósito es facilitar el acceso hipotecario, especialmente para la clase media porteña.
El nuevo marco legal redefine el destino de las utilidades del Banco Ciudad
La modificación aprobada por la Legislatura porteña obtuvo 31 votos a favor y afecta de lleno el artículo 45 de la Ley 1.779, que estipula la administración y empleo de las utilidades del Banco Ciudad. La iniciativa, presentada por el bloque de La Libertad Avanza y trabajada junto al oficialismo, introduce un piso fijo: al menos el 25% del remanente de utilidades deberá ser destinado a préstamos hipotecarios para vivienda. Hasta el momento, el inciso ‘d’ del artículo sólo establecía que las utilidades debían usarse inicialmente para preservar el patrimonio del banco y, en segundo lugar, ser entregadas al Gobierno de la Ciudad para financiar obras nuevas “con fines sociales” y promover “soluciones habitacionales”. Sin embargo, no existía una obligación cuantitativa concreta.
Con la aprobación de la reforma, este escenario cambia radicalmente. El remanente disponible tras cumplir con la preservación del patrimonio ya no irá exclusivamente a fines sociales o iniciativas de atención al déficit habitacional, sino que un porcentaje claro deberá apuntalar los créditos. Así, el Banco Ciudad queda forzado legalmente a fortalecer su rol como fuente de financiamiento hipotecario, priorizando un destino con impacto directo en la vida de miles de porteños.
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Redistribución de fondos y autonomía para la capitalización
La nueva legislación no sólo marca un quiebre respecto a la priorización de recursos para hipotecas, sino que también redefine el margen de acción sobre el sobrante de utilidades. Específicamente, el porcentaje que exceda ese mínimo del 25% podrá ser transferido al Gobierno porteño para financiar obras estratégicas de infraestructura. De este modo, el esquema deja mayor flexibilidad para que el Estado de la Ciudad oriente recursos hacia proyectos que considere relevantes para el desarrollo urbano.
A su vez, la reforma mantiene intacta la facultad del Gobierno de la Ciudad para aprobar reducciones en el monto global a distribuir. Esto permite que parte significativa de los fondos sea reinvertida en proyectos de capitalización del propio Banco Ciudad, procurando su fortalecimiento institucional. Este matiz evidencia la búsqueda de un delicado equilibrio entre el uso de excedentes para el financiamiento de vivienda, el impulso de obras públicas y la sostenibilidad de la banca pública local.
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Un enfoque en la clase media y en el acceso a la vivienda en Buenos Aires
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó que la reforma representa una «oportunidad para la clase media», al robustecer el papel del Banco Ciudad en la facilitación de créditos hipotecarios. Esta medida llega en un contexto donde el acceso al financiamiento para la primera vivienda es una de las principales preocupaciones para este segmento socioeconómico. La falta de opciones crediticias asequibles ha sido históricamente un escollo para los habitantes de CABA, por lo que la nueva obligatoriedad apunta a ampliar de manera tangible la oferta de préstamos.
La participación activa de La Libertad Avanza —fuerza impulsora del proyecto— y el trabajo conjunto con el oficialismo reflejan una coincidencia transversal sobre la urgencia de políticas que atiendan tanto las demandas de infraestructura como las necesidades de acceso habitacional. La expectativa es que garantizar un piso mínimo para hipotecas tenga un efecto directo y positivo en el mercado inmobiliario porteño, habilitando nuevas oportunidades tanto para propietarios primerizos como para familias de clase media que buscan acceder a la vivienda propia.
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¿Se repite este patrón en América Latina?
Aunque la decisión de reservar un mínimo de las utilidades bancarias a créditos hipotecarios resulta novedosa en la Ciudad de Buenos Aires, no se registran, hasta el momento, medidas equivalentes de obligatoriedad porcentual en los grandes bancos estatales o municipales de otras capitales latinoamericanas. Si bien existen líneas de crédito e incentivos públicos para la adquisición de vivienda en países como Chile, México o Colombia, la fijación explícita de un porcentaje de excedentes destinado exclusivamente a hipotecas no forma parte del marco normativo regional. Por lo tanto, la reforma en el Banco Ciudad posiciona a Buenos Aires como un caso testigo dentro del sector público financiero de América Latina.
Para propietarios e inversores, el cambio normativo representa una señal de prioridad institucional: el acceso al crédito hipotecario podría ser más abundante y previsible en los próximos ciclos, impactando en el dinamismo y la planificación de las operaciones inmobiliarias en la ciudad.
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