La intermediación digital en el segmento de alquileres inmobiliarios en Uruguay enfrenta un nuevo escenario normativo. Las autoridades han introducido disposiciones específicas que buscan regular el funcionamiento de las plataformas que ofrecen servicios de alquiler entre propietarios e inquilinos en el país. Este giro se da en un contexto donde el peso de la tecnología en el sector inmobiliario ha crecido de forma sostenida, obligando a los actores tradicionales y digitales a adaptarse a reglas más precisas.
La actualización regulatoria, formalizada mediante la Resolución N.º 1518/2026 de la Dirección General Impositiva (DGI) y vigente desde el 1 de julio de 2026, responde a la necesidad de dotar de mayor control fiscal a un segmento que cada año suma mayor relevancia en el mercado uruguayo de alquileres. Con ello, el Estado no crea un impuesto nuevo —según aclaró la propia DGI en su comunicado oficial— sino que busca cruzar la información que reportan las plataformas para verificar el cumplimiento de una obligación tributaria que ya existía: el IRPF sobre los ingresos por alquiler.
Uruguay establece un nuevo marco normativo para plataformas digitales de alquileres
El Estado uruguayo ha definido recientes lineamientos que afectan directamente a las plataformas digitales dedicadas a la intermediación de alquileres. El objetivo central de estas disposiciones es formalizar y supervisar la actividad, asegurando que las operaciones que se gestionan a través de estos entornos digitales cumplan con las obligaciones legales que rigen en el país. Según lo reportado por DPL News, la normativa incluye nuevas obligaciones para la supervisión de operaciones y la transparencia de los alquileres realizados mediante plataformas tecnológicas.
La normativa concreta es la Resolución N.º 1518/2026 de la DGI, firmada el 30 de junio de 2026, según confirma el propio organismo en su comunicado oficial. Bajo esta resolución, los operadores de plataformas digitales que intermedian en alquileres de inmuebles ubicados en Uruguay —ya sea bajo modalidad temporal o permanente, el caso típico de Airbnb y Booking— deben informar a la DGI, por medios electrónicos y con periodicidad trimestral, los datos de cada operación de arrendamiento concretada, así como la identificación de quienes reciben los ingresos correspondientes. Para los trimestres julio-setiembre y octubre-diciembre de 2026, la DGI otorgó un plazo especial: el primer envío de información se realizará recién en febrero de 2027. El nuevo marco busca también nivelar el terreno de juego, asegurando condiciones equitativas con los operadores tradicionales que ya cumplen con exigencias fiscales y contractuales.
El impacto en el ecosistema inmobiliario tradicional y digital
Con la entrada en vigor de la Resolución N.º 1518/2026 el 1 de julio de 2026, tanto las empresas emergentes en el área PropTech como los agentes tradicionales verán modificados sus procesos. Para los propietarios que alquilan a través de plataformas como Airbnb o Booking, el cambio concreto es que la DGI recibirá cada trimestre los datos de sus operaciones de arrendamiento y su identificación como beneficiarios de los ingresos —información que antes no se reportaba de forma sistemática al fisco uruguayo—. Según el propio organismo, el objetivo es cruzar esos datos para verificar el cumplimiento del IRPF sobre ingresos por alquiler, no crear un tributo nuevo.
Diversos actores del sector inmobiliario local han advertido que esta medida puede significar una reducción de la informalidad en los contratos de alquiler gestionados por vía digital. Para el mercado, el nuevo marco normativo representa una oportunidad de profesionalización y confianza para inversionistas y administradores, al establecer reglas más claras sobre la intermediación, la tributación y la responsabilidad en las operaciones.
Adaptación y retos para propietarios e inversores
Ante este nuevo escenario, propietarios e inversores que operan a través de plataformas digitales deberán organizar su documentación de cara al primer envío de información a la DGI, previsto para febrero de 2027 y correspondiente a las operaciones de los trimestres julio-setiembre y octubre-diciembre de 2026. La obligación de declarar el IRPF sobre los ingresos por alquiler no es nueva, pero la posibilidad de que la DGI cruce esos datos directamente con la información que reportan las propias plataformas sí reduce el margen de informalidad que existía hasta ahora.
Para los administradores y agentes inmobiliarios, el desafío radica en actualizar procesos, elegir colaboradores digitales con sistemas adaptados a la normativa uruguaya y capacitarse en las nuevas obligaciones que se desprenden de este marco. La profesionalización del sector, motivada por una mayor supervisión estatal, impactará especialmente a quienes hasta ahora contaban con procesos internos menos rigurosos.
El proceso de implementación de estas disposiciones será clave para determinar el verdadero alcance de las medidas, así como la capacidad del sector para adaptarse sin sacrificar la oferta y flexibilidad que caracteriza a los formatos digitales de alquiler.
Perspectiva para América Latina
La tendencia regulatoria uruguaya resuena en otros mercados de América Latina, donde los gobiernos comienzan a mirar con atención la proliferación de plataformas tecnológicas en el sector inmobiliario. Países como Argentina, México y Chile han evaluado iniciativas para supervisar la intermediación digital de alquileres, aunque los marcos normativos aún muestran diferencias importantes en su aplicación y alcance. Para propietarios e inversores latinoamericanos, Uruguay se convierte en un mercado de referencia sobre cómo la regulación puede contribuir a mayores niveles de transparencia y profesionalización, sin desincentivar la innovación tecnológica.
Frente a estos movimientos regulatorios, quienes gestionan propiedades o buscan invertir en alquileres digitales en la región deberán estar atentos a los cambios legales y buscar plataformas que garanticen cumplimiento y confianza.
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