Tasa de basura en el alquiler: qué cambia desde el 8 de octubre

Pago tasa basura en España: claves para evitar pérdidas y conflictos en 2026

Actualización del 11 de octubre de 2026, revisada el 20 de noviembre: desde el 8 de octubre rige el Real Decreto-ley 29/2026, que vuelve a modificar el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: los tributos asociados a la vivienda no pueden imponerse al inquilino en ningún caso, salvo que el propio inquilino sea el obligado tributario. La tasa de basura es un tributo municipal y quién es su obligado tributario lo fija la ordenanza de cada municipio. Si el inquilino no lo es, un pacto en el contrato ya no basta para trasladársela; si lo es, la regla no impide que la pague. El 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso lo convalidó (resolución publicada en el BOE el 13 de noviembre), así que sigue vigente. El decreto no precisa en su texto si la regla alcanza a los contratos firmados antes del 8 de octubre, por lo que conviene consultar cada caso con un abogado. Lo que sigue explica la regla que se aplicaba hasta el 1 de octubre.

Un propietario que alquila su vivienda en España no puede exigir al inquilino el pago de la tasa de basura si el contrato no lo establece por escrito. Así lo explica Ramón Menéndez, abogado de Legálitas, al responder la consulta de una propietaria a la que acababan de notificar el cobro de la tasa. Según explicaba ella, el importe se calcula a partir del consumo de agua de los inquilinos y, cuando se firmó el contrato, la tasa todavía no se exigía. Su pregunta era si podía cobrársela ahora a los inquilinos o incluirla en la prórroga anual del contrato.

La respuesta fue negativa: al no existir ninguna cláusula que atribuya al inquilino el pago de la tasa, no procede repercutirle ese gasto, y el pago corresponde al propietario de la vivienda.

Qué dice el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Menéndez se apoya en el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite que las partes acuerden que el inquilino asuma los gastos generales necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como los servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

Para que ese acuerdo sea válido, debe constar expresamente por escrito en el contrato. Si el contrato establece que la tasa de basuras corresponde al arrendatario, será este quien deba pagarla; si no existe ese pacto, el pago corresponde al propietario.

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El Supremo aclaró que no hace falta fijar el importe

Durante un tiempo hubo dudas sobre si, para trasladar este gasto, el contrato debía indicar también su importe anual exacto, un requisito que el propio artículo 20.1 exige para determinados gastos. El Tribunal Supremo resolvió la cuestión en su sentencia 1637/2025, del 17 de noviembre de 2025: en el caso de una vivienda en Ibiza, avaló que los inquilinos pagaran el IBI y la tasa de basuras porque el contrato lo preveía de forma expresa, aunque no fijaba la cantidad, ya que esos importes están individualizados para la vivienda arrendada.

Hasta el 7 de octubre, como resume Menéndez, bastaba en la práctica con un pacto escrito que identificara de forma clara el concepto que debía asumir el arrendatario.

Lo que cambió desde el 1 de octubre

La respuesta del abogado se publicó el 29 de septiembre, antes de que entrara en vigor el Real Decreto-ley 26/2026. Ese decreto, vigente desde el 1 de octubre, modificó el artículo 20.1 de la LAU para prohibir que se impusieran al inquilino los tributos asociados a la vivienda, salvo cuando el inquilino tuviera la condición de obligado tributario. El 2 de octubre, el Congreso rechazó convalidarlo y el decreto quedó derogado, según consta en el BOE.

Con la derogación, volvió a aplicarse la regla que explica Menéndez, hasta que el 8 de octubre entró en vigor el Real Decreto-ley 29/2026, que repite la prohibición de trasladar al inquilino los tributos asociados a la vivienda, salvo cuando el inquilino sea el obligado tributario. Sandra Aurrecoechea Ríos, socia de Marín y Mateo Abogados, advierte que “el régimen anterior volverá a regir para el futuro, pero los actos producidos durante la vigencia provisional no deben tratarse como inexistentes”, y recomienda revisar cada caso por separado: “La cautela será especialmente necesaria en contratos temporales, comunicaciones de vencimiento y actuaciones tributarias”.

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Rentabilidad del alquiler en España: 5,02% bruto, en la mediana del Índice

Según el Índice de Oportunidad Inmobiliaria de ATI, España obtiene 54,5 sobre 100, en la banda Neutral y en el puesto 8 de 15 países. La rentabilidad bruta del alquiler es de 5,02% anual y la relación precio/alquiler, de 19,9 años: en los dos indicadores, España está justo en la mediana de esos 15 países (Numbeo, 2026).

Al tratarse de una rentabilidad bruta, no descuenta gastos como el IBI o la tasa de basura cuando los asume el propietario. Donde España se distancia es en el acceso a la compra: la cuota de una hipoteca típica equivale al 58,2% del ingreso familiar, frente a una mediana de 138,8%, y el índice de accesibilidad de la vivienda es de 1,72, frente a una mediana de 0,72. En ambos indicadores ocupa el primer puesto de los 15 países.

Para propietarios e inquilinos, la conclusión práctica es revisar qué dice el contrato y quién es el obligado tributario de la tasa en su municipio: desde el 8 de octubre, según el Real Decreto-ley 29/2026, el propietario no puede trasladarla al inquilino por pacto, salvo que el inquilino sea el obligado tributario.

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