Cataluña cuenta desde este verano con una dirección general dedicada a inspeccionar y sancionar los incumplimientos en materia de vivienda. El Govern aprobó el 28 de julio el Decreto 130/2026, que crea la Dirección General de Disciplina de la Vivienda dentro del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. La dirige Fuensanta Alcalá Luque, que desde 2015 encabezaba el departamento de disciplina de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
La nueva dirección general asume las funciones de inspección, control y sanción que hasta ahora ejercía la Agència de l’Habitatge de Catalunya. El traspaso se apoya en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada el 9 de julio, que trasladó esas competencias al Departamento de Territorio.
Qué vigilará la nueva dirección general
Según el Govern, coordinará las inspecciones, abrirá y resolverá los expedientes sancionadores y fijará los criterios de actuación sobre viviendas vacías, sobreocupación, infravivienda, grandes tenedores, vivienda con protección oficial, cédulas de habitabilidad, arrendamientos urbanos y control de rentas. De ella dependen un servicio de inspección y dos servicios de régimen sancionador.
En el alquiler, la regla general en las zonas tensionadas es que un contrato nuevo no puede superar la renta del contrato que tuvo la misma vivienda en los cinco años anteriores, una vez actualizada. Si el propietario es un gran tenedor, también se consulta el índice estatal de referencia del precio del alquiler y prevalece el importe más bajo. Los contratos de temporada deben justificar su causa, sea laboral, académica, médica u otra similar; si no la tienen, pueden considerarse alquiler de vivienda habitual y quedar sujetos al tope. Los anuncios deben indicar la renta del contrato anterior, el límite aplicable y si el propietario es gran tenedor, según un análisis de la nueva dirección general.
529 expedientes abiertos y las primeras multas
La dirección general no empieza de cero. Al 22 de abril, la unidad inspectora de la Generalitat había abierto 529 expedientes en las zonas de mercado residencial tensionado: el 89% estaba en fase de diligencias previas y el 79% se había abierto, solo o junto con otras irregularidades, por cobrar una renta superior al máximo permitido. El 74% se inició de oficio y el 26%, por denuncias de particulares. La ciudad de Barcelona concentraba 210 expedientes, el 40% del total.
A comienzos de julio se conocieron las primeras multas: tres grandes tenedores recibieron sanciones de 30.000 euros cada uno. Cobrar hasta un 30% por encima del máximo puede ser una infracción grave, con multas de 9.001 a 90.000 euros; si el exceso es mayor, puede considerarse muy grave, con multas de 90.001 a 900.000 euros.
Hoy hay 271 municipios catalanes dentro del régimen de zonas tensionadas, y el Govern tramita una nueva ampliación.
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Rentabilidad del alquiler en España, en la mediana del Índice de ATI
Los datos del Índice de Oportunidad Inmobiliaria de ATI son nacionales y no distinguen a Cataluña. Con información de Numbeo del primer semestre de 2026, el alquiler en España rinde 5,02% bruto anual y la relación precio/alquiler es de 19,9 años: en los dos casos, el país está justo en la mediana de los 15 mercados de América Latina y España que compara el Índice, en el que obtiene 54,5 puntos sobre 100, en la banda Neutral y en el puesto 8. La cuota de una hipoteca típica equivale al 58,2% del ingreso familiar, la más baja de los 15 países, frente a una mediana de 138,8%.
Queda por ver cómo se repartirán en la práctica las funciones entre la nueva dirección general, la Agència de l’Habitatge de Catalunya y la Agència Catalana del Consum, que también ha abierto expedientes por posibles infracciones.
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