Por cuarta vez consecutiva, el Senado argentino volvió a aplazar la votación de la reforma a la Ley de Tierras, que apunta a eliminar el techo del 15% para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El movimiento parlamentario se produjo en un contexto dominado tanto por el clima social tras la reciente victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra como por la falta de consenso político, señales de una controversia que trasciende las fronteras partidarias y activa alertas entre propietarios rurales y potenciales inversores.
La discusión legislativa se sostuvo con el quórum mínimo de los 37 senadores presentes, un número justo que reflejó la división y las tensiones dentro de la Cámara Alta. Durante la sesión se aprobaron 29 pliegos judiciales y se ingresaron otros 30, pero el capítulo de tierras quedó, una vez más, fuera del temario principal. El resultado mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las grandes extensiones agrícolas y la agenda de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.
El núcleo de la disputa: eliminar el límite del 15% para extranjeros
La ley vigente, sancionada en 2011, restringe la venta de tierras a extranjeros a un máximo del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. Este tope ha sido un muro de contención para la extranjerización de activos rurales, pero la propuesta que circula en el Senado —según el borrador número 15 conocido durante la sesión— plantea suprimir este límite a nivel nacional y permitir que cada provincia fije sus propias reglas. La nueva versión incluye la posibilidad de que los gobernadores assuman un rol determinante en la autorización de operaciones de compraventa en sus jurisdicciones, acercando así la potestad a la órbita local.
La presión por modificar la regulación llegó de la mano del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y su número dos, Alejandro Cacace, quienes buscan profundizar el proceso de apertura y liberalización de activos rurales. El bloque oficialista, liderado en el Senado por Patricia Bullrich, reconocía contar con 35 votos seguros, apenas por debajo del umbral requerido para imponerse sin negociaciones, lo que terminó precipitando la nueva postergación. Entre los actores clave que trabaron el avance se encuentran la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Convicción Federal, además de la bancada de Unión por la Patria, que se mantiene firme en la defensa del límite vigente.
Fricciones políticas y contexto social condicionan la reforma
La falta de consenso en torno a la reforma de la Ley de Tierras estuvo marcada por señales de resistencia desde diversas bancadas. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, optó nuevamente por relegar el capítulo rural de la agenda parlamentaria, en parte dada la tensión social derivada de la movilización popular por el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra. Otros factores pesaron en la balanza: senadores como María Emilia Orozco (Salta, LLA), Carmen Álvarez Rivero y Bruno Olivera mostraron reservas sobre el impacto de liberar el mercado de tierras sin restricciones.
Por el lado de las provincias, la jujeña Carolina Moisés —titular de Convicción Federal— mostró resistencia a la reforma. Pero, en un giro que expone la fragilidad del propio oficialismo, según fuentes de LLA consultadas por iProfesional fue la ausencia del correntino Carlos «Camau» Espínola (Provincias Unidas) y de la senadora Andrea Cristina (PRO, Chubut, de licencia por maternidad hasta agosto) lo que le complicó las cuentas al oficialismo, que necesitaba cada voto disponible para destrabar la sesión. Así, ya son cuatro las postergaciones consecutivas de la reforma, en medio de un clima en el que las celebraciones deportivas terminaron de diluir la atención sobre el debate institucional. La falta de un acuerdo explícito refleja el peso de las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores, quienes buscan preservar autonomía para decidir sobre el destino de los activos rurales en su suelo.
Modificaciones en borradores y el nuevo registro de tierras
La negociación del texto requirió ajustes en temas clave: desalojos, expropiaciones, uso y comercialización de tierras afectadas por incendios y, especialmente, la flexibilización de los requisitos para extranjeros que pretendan adquirir grandes extensiones rurales en Argentina. El borrador número 15 contempla la creación de un nuevo registro de tierras en manos extranjeras, mecanismo orientado a reemplazar el actual esquema nacional por un modelo gestionado a nivel provincial.
La propuesta de que cada provincia fije sus propias reglas y comparta la potestad de autorizar ventas con los gobernadores contó con el respaldo de Bullrich, que la veía como el camino para sumar consenso, pero no con el de Sturzenegger, a quien, según fuentes oficialistas consultadas por iProfesional, «no le gustó» esa concesión. Cacace fue enviado a intentar destrabar el desacuerdo interno. Sin embargo, el corazón de la propuesta sigue siendo la eliminación del límite el 15% (iProfesional, 2026). El desacuerdo interno del propio oficialismo sobre este punto, sumado a la presión del campo y sectores productivos inquietos por el eventual avance de intereses extranjeros sobre la tierra, dejó el eje sin resolver. El respaldo fragmentado no logró traducirse en mayoría, dejando una vez más la discusión pendiente y a propietarios e inversores sin un horizonte claro.
Perspectiva para América Latina
El debate argentino sobre la remoción de límites a la propiedad extranjera de tierras resuena en toda América Latina, donde la tensión entre inversión foránea y soberanía sobre los recursos territoriales es un tema recurrente. Países como Brasil y Uruguay han mantenido topes regulatorios similares, aunque la robustez institucional y la presión de grupos productivos determinan ritmos y alcances diferentes. Para propietarios e inversores latinos, la experiencia argentina marca un antecedente del pulso político que exige cualquier cambio profundo en materia de tierra rural.
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