Un conflicto de más de 25 años ha afectado la convivencia y la gestión de una comunidad compuesta por seis portales. Dieciséis propietarios de trasteros en el portal uno llevan 27 años negándose a participar en los gastos comunes, lo que ha prolongado la tensión y cuestionado la eficacia de los mecanismos internos y legales de la comunidad.
La disputa —centrada en los pagos de luz, ascensor y limpieza— es típica en muchas comunidades, pero en este caso la negativa ha persistido de manera excepcional. El caso destaca porque la obligación legal de contribuir a los gastos existe incluso si ciertos servicios, como el ascensor, no se utilizan, y porque subraya el peso de la organización interna y de las resoluciones judiciales en este tipo de conflictos.
27 años sin aportar: trasteros que desafían los gastos de comunidad
Por casi tres décadas, los titulares de 16 trasteros del portal uno han rehusado pagar los gastos generales, argumentando que no hacen uso del ascensor ni de otras áreas comunes. Esta postura ha obligado al resto de los miembros de la comunidad a cubrir una mayor proporción de los gastos de luz, limpieza y mantenimiento, dificultando además la contabilidad y la previsión presupuestaria del conjunto.
Esta negativa prolongada ha generado impactos prácticos y simbólicos: se ha erosionado el principio de equidad en el reparto de los costos y se ha afianzado la impresión de que es posible eludir obligaciones comunitarias. Sin embargo, la jurisprudencia establece que el impago continuado no justifica exenciones: aunque un propietario lleve 27 años sin pagar, la Ley de Propiedad Horizontal sigue obligándole a contribuir según lo pactado.
📌 Ver más: Tendencias del mercado inmobiliario en Chile para 2026
Criterios del Tribunal Supremo para el pago de gastos comunes por trasteros
El Tribunal Supremo ha determinado que los titulares de trasteros deben asumir parte de los gastos destinados a las áreas comunes, como la limpieza e iluminación de pasillos y accesos a los trasteros, aun cuando jamás empleen el ascensor. Para el alto tribunal español, la participación en el mantenimiento de las servidumbres de paso es una obligación inherente a la propia titularidad.
A pesar de ello, existe margen para el acuerdo interno: se recomienda a la comunidad celebrar una junta de propietarios y, si la mayoría cualificada lo aprueba, ajustar el reparto de costes para excluir a los trasteros de la cuota correspondiente al ascensor. Siempre que el acuerdo quede reflejado en los estatutos, este mecanismo puede prevenir conflictos y adaptar el régimen de gastos a la realidad de uso efectivo.
📌 Lea más: Calidad de vida e inversión inmobiliaria en Brasil
Actualizar estatutos: la vía para resolver conflictos de larga duración
La prolongación de este desacuerdo durante 27 años pone de manifiesto la necesidad de revisar periódicamente los estatutos y las decisiones colectivas en la comunidad. La ausencia de actualización permitió que se perpetuaran situaciones de desventaja y percepciones de trato desigual entre los propietarios.
Según los criterios del Tribunal Supremo, la clave está en la claridad y la oficialización de los acuerdos: detallar en los estatutos la base para repartir los gastos y registrar en actas las excepciones o modificaciones acordadas, utilizando las juntas de propietarios como cauce legítimo de resolución. Así se evita la proliferación de reclamaciones y se construyen reglas más estables para la gestión del patrimonio común.
Para propietarios, administradores y agentes del sector inmobiliario, la lección es clara: la actualización constante de los acuerdos y el control de la equidad, especialmente cuando los conflictos son antiguos, son decisivos. Dejar pasar el tiempo solo consolida la morosidad y la desconfianza; en cambio, los cambios acordados formalmente y amparados por la ley refuerzan la posición de la comunidad y ofrecen protección frente a futuros litigios similares.
📩 ¿Quieres recibir análisis del mercado inmobiliario de LATAM cada semana? Suscríbete al boletín de ATI.
