El último Panorama Económico de América Latina 2025, publicado en su 18ª edición por la OCDE, marca la pauta para la discusión económica regional de los próximos meses. El informe advierte que el crecimiento económico en América Latina y el Caribe pierde fuerza: el producto per cápita se estabiliza y el avance del PIB comienza a reflejar los límites estructurales del presente contexto regional. Para propietarios, administradores e inversores, cada señal ofrece una radiografía clara de los desafíos a gestionar.
El documento sostiene que, más allá de la desaceleración, emergen riesgos diversificados: inflación sin Resolver en varios mercados clave, problemas fiscales que limitan el margen de maniobra de los gobiernos, conmociones geopolíticas y la persistencia de efectos del cambio climático. En paralelo, la región enfrenta tasas impositivas corporativas superiores al promedio global, lo que introduce barreras para la captación de nuevas inversiones en sectores críticos, entre ellos el inmobiliario.
El crecimiento del PIB per cápita toca techo y exige nuevas estrategias
Según los datos del informe, el crecimiento del PIB per cápita en América Latina y el Caribe no logra despegar más allá de su tasa de potencial. Esta estabilización implica una realidad estructural: la región parece haber alcanzado un umbral que sólo puede romperse con cambios profundos en su modelo productivo.
Para el mercado inmobiliario, esto significa que la demanda por activos residenciales y comerciales puede sufrir un estancamiento en la capacidad adquisitiva de la población. Si el poder de compra no mejora, los aumentos de rentas o precios de venta enfrentan resistencias mayores y, en algunos mercados, pueden agotarse las opciones para traspasar costos al consumidor final.
En términos de inversión, la región requiere, según el Panorama Económico, una renovación de su estructura productiva hacia prácticas más verdes e inclusivas. Sin incentivos, el flujo de capital hacia desarrollos sostenibles seguirá siendo insuficiente para alcanzar nuevos niveles de crecimiento sectorial.
Tasas impositivas elevadas siguen frenando la competitividad y la inversión
Uno de los puntos críticos identificados es la presión fiscal sobre las empresas. El reporte destaca que las tasas impositivas corporativas elevadas en la región no solo reducen el margen de rentabilidad para los negocios existentes, sino que además operan como un disuasivo para nuevas inversiones.
Este contexto impacta en toda la cadena inmobiliaria: un régimen tributario menos favorable restringe el dynamismo de nuevos desarrollos y encarece la construcción y rehabilitación de activos. Además, limita la competitividad frente a mercados emergentes con menores cargas impositivas, lo que puede desplazar inversiones hacia países con mayor atractivo fiscal.
Administradores y propietarios con vocación inversora deben considerar que, ante la volatilidad fiscal, los proyectos de mayor escala estarán sujetos a sobrecostos difíciles de compensar únicamente con ajustes de precios hacia los consumidores. La claridad en la política tributaria y la coordinación con el ecosistema de financiamiento serán condiciones clave en la toma de decisiones para quienes busquen diversificar portafolios o incursionar en el segmento institucional.
Vulnerabilidades regionales y financiamiento: la brecha para una transformación verde e inclusiva
El informe subraya la dispersión de los riesgos económicos y climáticos. La exposición a shocks externos varía radicalmente según la estructura productiva y la capacidad institucional de cada país del bloque latinoamericano y caribeño. En este escenario, el acceso a financiamiento para el desarrollo emerge como una prioridad.
La OCDE recomienda avanzar hacia un ecosistema financiero regional más resiliente y coordinado. Esta propuesta persigue que los recursos se destinen preferentemente hacia inversiones que integren criterios de sostenibilidad y mitigación climática, especialmente en áreas urbanas y sectores habitacionales vulnerables.
Para los actores inmobiliarios, la tendencia apunta a que sólo los proyectos capaces de acreditar un impacto positivo en términos ambientales o de inclusión lograrán acceso preferente a líneas de crédito y nuevos vehículos de inversión. Los propietarios y gestores deben anticipar que las exigencias regulatorias y las condiciones crediticias priorizarán activos adaptados a los retos climáticos y a los estándares globales de sostenibilidad.
El informe advierte, además, que las vulnerabilidades fiscales, la volatilidad inflacionaria y las tensiones geopolíticas delinean un entorno incierto para la toma de decisión en toda la cadena sectorial. Ignorar estos riesgos equivale a perder competitividad en mercados que, aunque desacelerados, buscan nuevos catalizadores de inversión.
Operar en el mercado regional inmobiliario durante los próximos años requerirá una lectura fina de las tendencias y una adaptación continua a la coyuntura fiscal, financiera y regulatoria. Los proyectos que puedan acreditar criterios de sostenibilidad y adaptación al nuevo entorno económico tendrán una posición relativa de ventaja frente a la competencia. Para los propietarios, el reto consistirá en gestionar los activos actuales con prudencia y la mira puesta en oportunidades que emerjan de las políticas de financiamiento verde e inclusivo que, según la OCDE, marcarán el rumbo del sector.
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