Caída de la inversión pública y efecto en la compra de vivienda
La baja en la inversión pública inmobiliaria, que retrocedió 42% (Portafolio, 2026), ha generado un entorno desfavorable para la construcción y adquisición de vivienda. Según Mario Andrés Ramírez Peña, presidente ejecutivo de Fedelonjas, la reducción ha impactado de forma directa la disponibilidad de viviendas nuevas en el mercado, acentuada tras la suspensión parcial y posterior reducción de recursos para el programa Mi Casa Ya. Producto de este recorte, las ventas de vivienda nueva se han ralentizado, y el peso del arriendo sobre la propiedad se ha incrementado: hoy, solo el 38% de los hogares en Colombia es dueño de su vivienda (Portafolio, 2026). (Portafolio)
A la par, la intención de compra de vivienda mantiene una tendencia negativa, presentando una caída cercana al -33% (Portafolio, 2026). El encarecimiento del crédito —reflejado en una tasa de interés del Banco de la República del 11,25% y una tasa de usura del 28,79% (Portafolio, 2026)— limita la capacidad de endeudamiento de las familias, mientras que entre 300.000 y 400.000 personas mantienen su labor en actividades inmobiliarias como corretaje, avalúos y administración de propiedad horizontal.
Formación de nuevos hogares y presión sobre precios
Cada año, alrededor de 415.000 nuevos hogares se forman en el país desde 2021 (Portafolio, 2026), una dinámica que supera el ritmo de construcción de nueva vivienda. Esta brecha impulsa una presión alcista tanto en los precios de la vivienda usada como en los cánones de arrendamiento, complicando el acceso a alternativas habitacionales para los nuevos demandantes. Además, el alza sostenida del salario mínimo ha repercutido en los costos de administración y propiedad horizontal, sector donde el 70% de los vigilantes trabaja en este tipo de inmuebles (Portafolio, 2026).
Formalización e impacto laboral en el sector inmobiliario
La informalidad caracteriza al corretaje inmobiliario colombiano. Aunque Fedelonjas agrupa a unos 1.000 inmobiliarios formales inscritos, la mayoría de corredores solo requiere registro en la Cámara de Comercio, lo que eleva los riesgos de malas prácticas en operaciones de compraventa y arriendo. Como respuesta, Fedelonjas impulsa, junto al Congreso, un proyecto de ley para profesionalizar y formalizar la actividad, iniciativa que ya ha superado su primer debate legislativo (Portafolio, 2026).
El sector inmobiliario sostiene entre 300.000 y 400.000 empleos directos en actividades de intermediación y administración inmobiliaria, mientras que el sector constructor genera alrededor de 1.600.000 empleos directos e indirectos (Portafolio, 2026). La reducción del tiempo de vacancia, que ha pasado de tres meses a menos de cuatro semanas para el alquiler de una vivienda (Portafolio, 2026), indica que, a pesar del encarecimiento, la demanda sigue siendo robusta en ciudades principales, obligando tanto a propietarios como a inversores a replantear las estrategias de rentabilidad y protección del activo.
Perspectiva para América Latina
La coyuntura inmobiliaria de Colombia expone tensiones similares a las de otros mercados latinoamericanos: caída en la inversión estatal, restricción en el acceso al crédito y alza de precios empujados por la presión demográfica. Países como México, Perú y Argentina también muestran un descenso en la tasa de propiedad de vivienda y un crecimiento del segmento arrendatario. Sin embargo, la respuesta de Colombia en materia de profesionalización del corretaje podría marcar un antecedente regulatorio para la región. Los propietarios y agentes inmobiliarios latinoamericanos encontrarán en estos desarrollos elementos comparables a sus realidades locales y posibles rutas de acción frente a la informalidad y la crisis habitacional.
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