Congreso tumba los decretos de vivienda: qué cambia en España

Real Decreto Vivienda en España 2026 limita rentas y prórrogas con impacto real

Actualización del 11 de octubre de 2026, revisada el 20 de noviembre: después del rechazo del 2 de octubre, el Gobierno aprobó el 6 de octubre dos nuevos reales decretos-leyes, que el BOE publicó el 7. El Real Decreto-ley 29/2026 rige desde el 8 de octubre: para las actualizaciones anuales de renta que correspondan hasta el 31 de diciembre de 2027, no procede ningún aumento si la renta supera el límite máximo del sistema de índices de precios de referencia y, en los demás casos, el aumento es el que pacten las partes o, si no hay nuevo pacto, de un máximo de 2%. También prevé, a solicitud del inquilino, una prórroga extraordinaria de hasta dos años en ciertos contratos y suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda, con condiciones. El Real Decreto-ley 28/2026 iba a cambiar desde el 15 de noviembre las prórrogas del contrato y la indemnización al inquilino cuando el propietario no renueva, pero no llegó a aplicarse: el 12 de noviembre la Diputación Permanente del Congreso lo derogó (BOE del 13 de noviembre) y convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 (resolución publicada en el BOE el 13 de noviembre), que sigue vigente. Lo que sigue describe la situación entre el 2 y el 8 de octubre.

El Congreso de los Diputados rechazó este viernes 2 de octubre la convalidación de los dos decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado el 29 de septiembre, los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026. Los votos de PP, Vox y Junts tumbaron ambas normas, que quedan derogadas. En el primero, la votación terminó con 172 votos a favor y 178 en contra.

Para propietarios e inquilinos, el resultado significó volver, entre el 2 y el 8 de octubre, a las reglas que regían antes del 1 de octubre, con un matiz importante: lo que se hizo mientras los decretos estuvieron vigentes no desaparece de forma automática.

Lo que incluían los decretos rechazados

El primer decreto, en vigor desde el 1 de octubre, reunía el paquete más amplio. Regulaba el alquiler temporal y por habitaciones, limitaba al 2% la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, preveía prórrogas extraordinarias de hasta dos años para contratos que vencieran antes de finales de 2028, suspendía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, limitaba determinadas compras de vivienda por fondos y sociedades e introducía cambios fiscales.

El segundo decreto entró en vigor el mismo viernes y apenas duró unas horas. Encadenaba prórrogas de cinco o siete años en los contratos de vivienda habitual, exigía al propietario un preaviso de seis meses si no quería renovar y, como regla general, lo obligaba a indemnizar al inquilino con 12 mensualidades.

📌 Ver más: Actualización renta alquiler en España: riesgos reales para contratos previos a 2023

Vuelven las prórrogas anuales de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Con la derogación, los contratos de vivienda habitual recuperaron el régimen del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sandra Aurrecoechea Ríos, socia de Marín y Mateo Abogados, lo resume así: “una vez cumplidos los cinco o siete años de duración mínima, si ninguna parte comunica su voluntad de no renovar, el contrato entra en prórrogas anuales hasta un máximo de tres años. El preaviso del arrendador vuelve a ser de cuatro meses y el del arrendatario de dos. Agotado ese periodo, no existe la indemnización general creada por el decreto rechazado”.

Ese preaviso de cuatro meses sigue vigente. El Real Decreto-ley 28/2026 lo iba a elevar a seis meses para el arrendador desde el 15 de noviembre y a restablecer la indemnización general al inquilino, pero la Diputación Permanente del Congreso lo derogó el 12 de noviembre, antes de que entrara en vigor.

Tampoco seguía en pie el límite del 2% a la actualización de las rentas, y el alquiler de temporada regresó a su marco previo, hasta que el Real Decreto-ley 29/2026 restableció, desde el 8 de octubre, ese límite y fijó una regulación específica del alquiler temporal. Sobre este último punto, la misma abogada advierte que “ello no convierte en válido cualquier contrato llamado temporal: la jurisprudencia seguirá pudiendo apreciar fraude cuando la denominación no corresponda con la finalidad real del alquiler”.

Lo hecho durante la vigencia de los decretos no se borra

La derogación no equivale a que los decretos nunca hayan existido. Los decretos no convalidados “quedan derogados y dejan de aplicarse hacia el futuro”, “aunque los efectos producidos mientras estuvieron vigentes no desaparecen automáticamente”, explica Ana Busquets Unsain, socia de Busquets Law & Finance.

Aurrecoechea enumera los casos que habrá que revisar: “un contrato firmado durante esos días, una actualización de renta ya practicada, un burofax de no renovación, una reparación descontada, una solicitud judicial de suspensión, un impuesto devengado o un derecho reconocido administrativamente”. Su recomendación es revisar cada acto por separado: su fecha, la norma aplicable y si el efecto llegó a consumarse.

España, en la mediana del Índice y con la hipoteca más asequible de los 15 países

El rechazo llega a un mercado que, según el Índice de Oportunidad Inmobiliaria de ATI, obtiene 54,5 sobre 100, en la banda Neutral y en el puesto 8 de los 15 países del Índice. La rentabilidad bruta del alquiler es de 5,02% anual y la relación precio/alquiler, de 19,9 años: en ambos casos, España está justo en la mediana de esos 15 países (Numbeo, 2026).

Donde sí se distancia es en el acceso a la compra. La cuota de una hipoteca típica equivale al 58,2% del ingreso familiar, frente a una mediana de 138,8%, y su índice de accesibilidad de la vivienda es de 1,72, frente a una mediana de 0,72; en los dos indicadores ocupa el primer puesto de los 15 países. Para quien alquila, la votación devuelve un marco conocido en un mercado cuya rentabilidad está en la mediana del Índice; para quien evalúa comprar, el financiamiento sigue siendo comparativamente asequible.

La prioridad inmediata para propietarios e inquilinos es revisar los contratos y las comunicaciones de estos días y confirmar qué régimen les aplica en cada fecha: el del 1 de octubre, el de los días sin decretos o el del Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre.

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