El proyecto que propone elevar de 25 a 35 metros cuadrados el metraje mínimo de los monoambientes ha encendido el debate en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado uruguayo. La discusión se produce en un momento en que estos pequeños departamentos representan entre el 10% y el 11% de las nuevas construcciones y constituyen la tercera tipología más demandada en el mercado local. Los argumentos enfrentan a la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, defensora de la actual flexibilidad tipológica, y a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que reclama mejores condiciones habitacionales en plena crisis de acceso.
El déficit habitacional y las condiciones críticas
Uruguay enfrenta un déficit de entre 60.000 y 65.000 viviendas, una cifra que revela la complejidad estructural del acceso a la vivienda en el país (Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 2026). Además, más de 66.000 hogares presentan condiciones críticas, ya sea por hacinamiento, falta de servicios básicos o problemas severos de habitabilidad.
El acceso a servicios básicos sigue siendo un desafío para miles de hogares: 4.058 viviendas carecen de energía eléctrica y 9.400 no cuentan con baño de uso exclusivo. A esto se suman los 667 asentamientos oficialmente registrados, un fenómeno persistente en las periferias urbanas y suburbanas. Este escenario coloca bajo presión cualquier regulación que, al modificar parámetros constructivos como el metraje mínimo, pueda frenar la construcción de nuevas unidades habitacionales (Cadena del Mar, 2026).
La demanda real y el rol de los monoambientes
Los monoambientes han escalado posiciones en el mercado uruguayo. Actualmente, su demanda proviene de jóvenes que buscan independizarse, estudiantes del interior que llegan a ciudades como Maldonado, trabajadores con alta movilidad y adultos mayores que optan por reducir el tamaño de su vivienda. Esta tipología supone entre el 10% y el 11% de las nuevas viviendas en desarrollo, según la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU, 2026).
La FIUCVAM, con Enrique Cal a la cabeza, sostiene que no puede hablarse de acceso efectivo a la vivienda mientras se mantenga el estándar actual de 25 metros cuadrados para los monoambientes, cuestionando su habitabilidad. La CIU, por su parte, por medio de su presidente Matías Medina y la ex presidente Beatriz Carámbula, advierte que elevar el mínimo provocaría un aumento de precios y una disminución en la construcción de unidades adaptadas a los nuevos modelos de vida, en sintonía con tendencias globales como el coliving.
En la misma línea, los precios actuales muestran una clara diferencia entre tipologías: alquilar un monoambiente ronda los $19.000 mensuales, mientras que pasar a un apartamento de un dormitorio implica un salto hasta los $27.500. Este diferencial es significativo en un contexto donde el poder adquisitivo y el acceso al crédito resultan limitantes para amplios sectores de la población.
Nuevas preferencias urbanas y tensiones legislativas
El impulso legislativo al aumento del metraje mínimo tiene como telón de fondo la Ley Nacional de Vivienda de 1968 y responde a posturas como la del senador Gustavo González (Frente Amplio), quien impulsa la reforma junto con figuras como Óscar Andrade y Eduardo Antonini. Argumentan que la norma vigente quedó obsoleta frente a estándares internacionales y que la superficie regulada es insuficiente para asegurar condiciones de salud y dignidad.
El proyecto provoca resistencias en filas del Partido Nacional —con Carlos Moreira— y del Partido Colorado, donde Tabaré Viera ha puesto el foco en los posibles efectos de encarecimiento y segmentación del mercado. Según advierten desde la CIU, elevar el piso a 35 metros cuadrados restringiría la oferta y trasladaría la demanda hacia tipologías más costosas, alejando aún más a los sectores con menor capacidad de pago.
Al margen de la discusión técnica, se consolida una tendencia: la preferencia por ubicaciones próximas a centros educativos, lugares de trabajo, servicios y transporte se impone por sobre la superficie disponible de la unidad. Este cambio responde a transformaciones demográficas y sociales, y está en línea con el avance del coliving, modalidad que, aunque aún minoritaria, crece en el país y podría verse impactada por una regulación más rígida del metraje.
Perspectiva para América Latina
El debate uruguayo anticipa discusiones inminentes en otras capitales de la región donde el déficit habitacional y la presión por soluciones flexibles siguen al alza. Países como Argentina, Chile y Colombia enfrentan desafíos similares: la proliferación de microdepartamentos y modelos de coliving, tensionados entre la urgencia social y la regulación urbana. Para propietarios e inversores latinoamericanos, la experiencia uruguaya serve de alerta sobre los riesgos de una sobre-regulación o, en sentido inverso, de mantener vacíos legales que perpetúan precariedades habitacionales.
En un mercado donde la adaptación a las nuevas formas de vida se vuelve crucial, evaluar el impacto real de cada regulación es clave para quienes buscan invertir en proyectos de pequeña escala o diversificar su portafolio ante el auge de los monoambientes.
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